Con la creación del DL 3500 de 1980 que establece el Sistema de Pensiones bajo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), vigente desde 1982, se planteó en su momento dos objetivos muy claros; el primero era ordenar y unificar el sistema de cajas, otrora bajo un sistema de reparto y financiado por el empleador, el trabajador y el estado, pero que mantenía críticas por su dispersión, alto valor de administración y desiguales condiciones de una y otra. El segundo objetivo, pagar pensiones con tazas de reemplazo adecuadas (porcentaje que constituye la pensión, en relación al promedio de las últimas remuneraciones en etapa activa) que alcanzaban en aquella época, en promedio de 60% y 70%, prometiendo incluso mayores tazas cuando el sistema comenzara a pagar pensiones.

El primer objetivo, se cumplió eficazmente, en efecto se unificó la administración, se homologaron requisitos y se establecieron edades únicas para jubilar, no obstante, cambió radicalmente la concepción de la Seguridad Social Chilena en materia de pensiones, se eliminó el sistema de reparto y por lo tanto la solidaridad intergeneracional en el financiamiento, para dar paso a un sistema de capitalización individual, únicamente basado en el ahorro individual del trabajador.

El segundo objetivo, al menos el comunicado públicamente, sobre pagar buenas pensiones es, hoy por hoy el de mayor relevancia. A 40 años de la creación de este nuevo sistema basado en la capitalización individual, los montos de pensiones se encuentran fuertemente cuestionados y no con pocos fundamentos. Para nadie es un hecho ajeno, que el sistema no logra que las tasas de reemplazo proyectadas superen el 50%. Para personas de entre 50 y 60 años, el promedio proyectado al jubilar, según la Superintendencia de Pensiones es de un; 44% hombres y 19% las mujeres. Esto último indica además del bajo monto, un castigo por sexo. En el sistema actual, si una mujer recibe hoy una remuneración de $1.000.000 puede llegar a pensionarse con menos de $200.000, con las actuales tasas de reemplazo.

Lo que nos puede acercar a la verdad, son las motivaciones iniciales de la reforma. En una época en que la dictadura quería darle un impulso a la economía, sin buenos resultados desde 1973, y ad portas de una de las más graves crisis económicas ocurridas en el país (1982-1983), se promovía como una buena idea, en primer término; librar del aporte de las pensiones al empleador para según lo publicitado, favorecer el empleo abaratando los costos de contratar, y, por otra parte, permitir que el trabajador pagara menos cotización, lo que supuestamente aumentaría los salarios.

Una última cuestión no expresada suficientemente de manera pública en la década de los 80; era la intención de mantener un fondo privado inserto en la economía, que se usaría para pagar pensiones décadas después, que permitiría a las empresas nacionales acceder a capitalización de bajo costo. Además, se afirmó con vehemencia, que únicamente a través de la rentabilidad generada, se las pensiones llegarían a tazas de reemplazo de entre el 80% y el 100%, lo que consta en los diarios de la época y de las declaraciones de sus ideólogos.

A estas alturas, conviene preguntarse, ¿Se cumplió con lo proyectado?, la respuesta parece ser negativa, pero ¿Las modificaciones que se han hecho al sistema han ido destinadas a mejorar el monto de las pensiones?

La reforma previsional  del año 2008 de la Ley 20.255, que derivó de las conclusiones de la comisión Marcel (2006), volvió universal el beneficio de pensiones asistenciales a través de la creación del Pilar Solidario, pero resultó absolutamente insuficiente para aumentar la densidad  y el porcentaje de cotizaciones, sin ser injustos hubo mecanismos eficaces, como el bono por hijo nacido vivo o el aporte solidario para pensiones autofinanciadas. No obstante, no se incluyó ni al empleador, ni al Estado en el financiamiento de las pensiones, lo que sí ha propuesto la Comisión Bravo (2015). A la fecha aquello no se ha traducido en una nueva reforma, otra discusión muy contingente es quién administrará las nuevas cotizaciones que se generen, es necesario incluir la solidaridad en el componente de cotizaciones y que éstas sean administradas por un ente estatal.

A través del concepto de “rentabilidad negativa”, que resulta una contradicción en sí mismo, las AFP, no comparten el destino de millones de cotizantes que han visto disminuir sus fondos en las sucesivas crisis económicas (2001-2008-2020), muy por el contrario, registran utilidades exorbitantes. Así, solo se ha visto quebrada la confianza de la población en el sistema actual de administración, no basta con explicar hasta el hartazgo, que las pérdidas se recuperan, simplemente, la percepción de la ciudadanía es que es un negocio protegido, favorecido y que ha desvirtuado su rol, las sucesivas modificaciones no han limitado lo anterior.

Con el recientemente aprobado proyecto de retiro del 10% de los Fondos de AFP, se abre nuevamente la discusión sobre generar un nuevo Sistema de Pensiones, debate acallado desde el proyecto del año 2017, derivado de la comisión Bravo, bajo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, si bien se encuentran ingresados otros proyectos, este debate se encontraba detenido.

Si en las reformas que se discutan, tanto si se quiere mantener el sistema de capitalización individual, cuanto, si se pretende pasar a un sistema Mixto, donde conviva el actual sistema con un componente de reparto (no me referiré a un sistema puramente de reparto o solidario, dado para un análisis separado), resulta imprescindible revisar la administración de los fondos, y la estructura de ganancias o comisiones de las entidades de administración (AFP). En otros sistemas de capitalización individual, las comisiones que cobran estas empresas por administrar, no se descuentan de las cotizaciones de los trabajadores, sino que se obtienen de la rentabilidad de éstas, haciendo partícipe a las administradoras de su propia gestión, por tanto, de las pérdidas, si estas se producen. Por lo demás huelga también, un férreo control de las empresas relacionadas con las entidades administradoras, piénsese que como tales contratan servicios y compran bienes, y lo hacen a empresas de sus mismos dueños, lo que en otros ámbitos de la economía resulta del todo ilegal.

Porque no ir más lejos, quizás es necesario, dejar de entregarles el rol de pagar pensiones a estos organismos privados, traspasando esta responsabilidad a una entidad estatal, y dejando que la tarea de las AFP finalice con la jubilación del trabajador/a, no es acaso lo que se realiza en la actualidad, al optar el afiliado por una Renta Vitalicia. En efecto, los fondos son traspasados a una compañía de seguros, perdiendo el afiliado su propiedad en los mismos y asumiendo, estas entidades privadas el rol de pagar pensiones, esta labor puede quedar, a elección del cotizante entregada a una entidad estatal y sin traspaso de propiedad, por lo tanto, siendo heredables.

Finalmente, resulta muy relevante la rentabilidad de los fondos, sin embargo, aquello ha derivado en insuficiente, vemos en estos días, una defensa férrea de la buena gestión en rentabilidad de las AFP, aquello no es a esta altura el problema de fondo, para pagar buenas pensiones autofinanciadas, junto con aumentar la cotización, introducir solidaridad al sistema, cobrar comisiones sobre rentabilidad desgravando las rentas del trabajo y todo mecanismo que tienda a evitar la evasión de cotizaciones,  son necesarios además,  cálculos realistas en dos aspectos que son competencia de la  Superintendencia de Pensiones; 1) La tasa de interés para el cálculo de Retiros programados y rentas temporales, y 2) las tablas de mortalidad fijadas, que hoy se sitúan en los 110 años máximo. Sobre lo primero, sí año a año se repite el mismo rezo; que la rentabilidad promedio acumulado de los fondos son de un 8%, no obstante la tasa actualmente es de un  4,32%, elevando las tasas de interés en un orden de 6%, se produce un aumento inmediato de las pensiones, sólo debido al hecho que se proyecten mayores utilidades como se predica; y en el segundo aspecto, fijando tablas de mortalidad ente los 85 y 90 años para hombres y mujeres respectivamente, aumentaría hoy cerca de un 15% la pensión proyectada para retiros programados y rentas temporales.

Puede a este respecto, crearse un seguro de longevidad o un fondo que mantenga las pensiones de aquellos pocos hombres y mujeres que superan estas edades. Tanto en las tasas de interés proyectadas, cuanto las tasas de mortalidad fijadas, no favorecen el pago de buenas pensiones, lo que en realidad facilitan es mantener fondos “empozados” en las AFP, no es casual que existan 261 millones de dólares sin cobrar a mayo de 2019, que presumiblemente pertenecen a herederos de personas que fallecieron siendo pensionados. Lo que nos hace preguntarnos legítimamente a quién beneficia esto.

Son múltiples las propuestas en la mesa y mucha la urgencia, en un debate que día a día pierde su foco, cuando hubo tiempo, no hubo urgencia, ahora que el tiempo se acaba y la necesidad gana terreno día a día, para millones de pensionados y adultos mayores con la edad para hacerlo, los ciudadanos exigen que se legisle en su beneficio y en esta especial materia se haga, con la mayor conciencia del interés general para mayores y más dignas pensiones.

Miguel Ángel González Cordero
Abogado
Master en Empleo, Trabajo y Dialogo Social. UCLM.
Profesor de Seguridad Social. UFRO.