Autor: Hernán Alejandro Ceballos Riquelme

En Chile, el rol de los concejales es esencial para la supervisión y fiscalización de la administración municipal. Sin embargo, el sistema actual presenta desafíos significativos que afectan la eficacia de esta función crítica. La dieta de un concejal, que en un municipio como el de Lautaro es entre 7.6 a 15.8 UTM, es aproximadamente $1.028.056 por cuatro secciones al mes, es un tema que genera controversia en cuanto a su justificación y adecuación a las responsabilidades del cargo.

La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que los concejales deben supervisar y controlar la gestión del alcalde y el funcionamiento de la municipalidad. Esto incluye la revisión de informes financieros, la fiscalización de proyectos y el aseguramiento de que las políticas y decisiones sean tomadas en beneficio de la comunidad. No obstante, la estructura actual, que requiere al menos dos tercios de los votos del concejo para aprobar medidas significativas contra el alcalde, puede generar una falta de efectividad en la fiscalización. En un concejo con 6 concejales y un alcalde, esto implica que se necesitan al menos 5 votos para sancionar o destituir al alcalde, lo que puede ser un umbral alto para tomar decisiones decisivas, especialmente si los concejales tienen inclinaciones partidistas o están influenciados por otras consideraciones.

La dieta que perciben los concejales debe reflejar la responsabilidad y el compromiso que se espera de ellos. Sin embargo, la percepción de que los concejales no cumplen adecuadamente con sus deberes de fiscalización y, en su lugar, se dedican a actividades ajenas a sus funciones establecidas, plantea serias preguntas sobre la justicia y la eficacia de estas remuneraciones. El elevado monto de la dieta, combinado con la falta de fiscalización efectiva y el desafío de alcanzar una mayoría calificada para decisiones clave, sugiere una posible desconexión entre la compensación económica y la labor realizada.

La justificación del sueldo de los concejales debería considerar no solo la carga de trabajo, sino también la calidad y el impacto de su desempeño. Si los concejales no están cumpliendo con sus deberes de fiscalización y están desviándose hacia otras áreas no contempladas en sus funciones, esto plantea un problema de rendición de cuentas. En tales casos, el valor real del trabajo de un concejal debería ser evaluado en función de su capacidad para cumplir con las responsabilidades que la ley les impone y garantizar una adecuada supervisión de la administración municipal.

Por lo tanto, es crucial que los concejales asuman sus deberes con la seriedad que corresponde y que existan mecanismos claros y efectivos para la fiscalización de su desempeño. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para asegurar que el gasto en dietas se justifique con un trabajo que beneficie verdaderamente a la comunidad y se alinee con las expectativas establecidas por la legislación.