I. El caso Ucraniano

Introducción

Las pensiones desempeñan un papel fundamental en la realización del derecho socioeconómico al proporcionar un reemplazo de ingresos a los ciudadanos que pierden sus ingresos ordinarios debido a la vejez, la discapacidad o la muerte de un asalariado en la familia. Este documento hace una breve descripción del sistema de pensiones de Ucrania y, en líneas generales, propone una justificación para la reforma del sistema.

I.I Información general sobre el país

Ucrania (Ukraína: Україна) es un país situado en el sudeste de Europa, en el Mar Negro. Se independizó cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991. La población actual de Ucrania es de 44.164.835 según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas, con la siguiente estructura de edad: 0-14 años de edad – 15,51%, 15-24 años – 10,3%, 25-54 años – 44.47%, 55-64 años – 13.68%, 65 años y más – 16.05% (2.375.904 hombres / 4.719.728 mujeres). La edad media en Ucrania es 40.5 años. En 2015, la esperanza promedio de vida al nacer fue de 72.50 años, donde el promedio de los hombres fue de 67.50 años y el promedio de las mujeres llegó a 77.30 años. El producto interno bruto (PIB) por persona se estima en el año actual en 8.637 dólares estadounidenses, y la tasa de inflación en el 11%. La tasa de desempleo es 8.7% y la deuda pública es 92.1% del PIB. Ucrania se vio atrapada en la crisis económica mundial en 2008 y la economía se desplomó. Una prolongada crisis comenzó el 21 de noviembre de 2013, lo que influyó muy negativamente en la economía ucraniana.

I.II Desarrollo histórico del sistema de pensiones en Ucrania

Las primeras regulaciones sociales en Ucrania se remontan a la época en que a principios del siglo XX el país estaba bajo la ocupación de la Rusia zarista. En 1921, cuando la República Socialista Soviética de Ucrania (URSS) ya estaba establecida, se dictó la regulación sobre el seguro de desempleo y luego se modificó significativamente en 1956 y 1964.

La regulación de 1922 no cubrió a los trabajadores agrícolas de granjas colectivas («el koljós»). Todos los beneficios se pagaron con cargo al presupuesto estatal, y las edades de elegibilidad para la pensión se establecieron en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. La tasa de reemplazo fue del 55% para aquellos con períodos de calificación de pleno empleo, es decir, 25 años para los hombres y 20 para las mujeres. Cuando una persona decidía extender su empleo, su tasa de reemplazo se incrementaba en un 1% por cada año adicional en el trabajo, hasta el nivel del 75%.

La cobertura bajo el programa de pensiones de vejez, discapacidad y sobreviviente se aplicó a empleados industriales, comerciales y de otro tipo; estudiantes; y personas discapacitadas en el desempeño de deberes públicos. Las pensiones se financiaban parcialmente con los ingresos netos de las contribuciones aplicadas al empleo de empresas y agencias (una vez que se ha satisfecho el costo de la enfermedad y los beneficios conexos). El saldo del costo de las pensiones -alrededor del 50 por ciento- se financiaba con los ingresos generales. Además del programa general, el Gobierno estableció programas especiales de pensiones para determinadas clases de empleados, como maestros, pilotos de líneas aéreas civiles y bailarines de ballet. También hubo una categoría de pensiones personales, que se utilizó para reconocer los logros especiales sociales, políticos y de otro tipo. Las pensiones personales se otorgaban de manera individual y discrecional, según el juicio oficial en cuanto al mérito del logro.

Los granjeros colectivos, sin embargo, no tuvieron pensiones públicas de jubilación hasta 1964. Se retiraban 5 años más tarde que en el sector estatal. Su pensión mínima era de 12 rublos, y el máximo, 102. En 1971 se aumentaron a un mínimo de 20 rublos. Esto en comparación con la pensión de 45 rublos de los jubilados agrícolas no colectivos. Las granjas colectivas complementaban esto con sus propios fondos. En 1964 se hizo una regulación separada para abordar las pensiones de los trabajadores agrícolas (granjeros colectivos).

Una cantidad considerable de jubilados siguió trabajando después de pensionarse. Por ejemplo, el 48% de los hombres y el 20% de las mujeres de 66-70 años trabajaban en la URSS mientras ganaban una pensión estatal.

El 10 de octubre de 1973, la URSS ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se puede concluir que, durante la existencia de la Unión Soviética, había cinco subsistemas de pensiones en total, diseñados para: 1) trabajadores, empleados de la administración estatal, estudiantes y sus familiares, 2) empleados de granjas estatales y sus familias miembros, 3) empleados de educación, servicios de salud, aviación civil, mineros, actores y artistas escénicos, 4) personas prominentes y sus familiares, y 5) los servicios uniformados.

Las pensiones, en general, eran bastante bajas. La pensión mensual promedio en 1986 era de 75,1 rublos, con una considerable disparidad entre la pensión mensual promedio de los trabajadores de cuello azul y blanco[3] (un promedio de 81,2 rublos para las dos categorías de trabajadores) y los trabajadores del campo o granjeros colectivos (48 rublos). De hecho, la pensión promedio estaba solo ligeramente por encima del nivel no oficial de pobreza, o «sub provisión», de 70 rublos por mes por persona. Es probable que millones de pensionados vivieran por debajo o cerca de este umbral de pobreza. De hecho, los pensionados conformaron la mayoría de los pobres. Los jubilados que vivían con sus hijos (una situación común, dada la extrema escasez de viviendas) obtuvieron algún alivio financiero y, a cambio, ayudaban con las tareas domésticas, la cocina y el cuidado de los nietos pequeños. Sin embargo, no todas las pensiones eran bajas. Se podían otorgar una categoría especial de «pensiones personales» por un destacado servicio político, cultural, científico o económico para el Estado. En 1988, más de 500.000 jubilados personales, incluida esencialmente toda la elite administrativa del PCUS[4], recibían pensiones de 250 rublos, e incluso hasta 450 rublos por mes.

I.III Primer sistema de pensiones del Estado independiente de Ucrania

En 1990, se aprobó una ley sobre la provisión de vejez para los ciudadanos de la URSS. En 1990, la tasa de reemplazo fue del 22%. Al comienzo del período de independencia, alrededor de 20 profesiones recibieron derechos especiales de pensión. A principios de 1992, la regulación del año anterior entró a regir y estableció las reglas de operación para el nivel I del sistema de pensiones en forma de un fondo separado del presupuesto del Estado, el Fondo de Pensiones de Ucrania. Sin embargo, se mantuvo la división en los cinco subsistemas que se originaron en los tiempos de la Unión Soviética. En 1992, la tasa de reemplazo promedio fue del 49%.

En 1994 había cinco programas de pensiones: 1) vejez; 2) discapacidad; 3) sobreviviente (o pérdida del sostén de la familia); 4) duración del servicio; y 5) pensión social. El número total de pensionados en 1994 fue de 13.596.000, 80% de ellos con pensiones de vejez, 10% – pensiones de invalidez, 6% – pensiones de sobrevivientes, pensión de antigüedad en el servicio – 0,3 y 4% – pensiones sociales.

El primer sistema de pensiones ucraniano funcionaba como un sistema de reparto con criterios de elegibilidad y fórmulas de beneficios muy complicados. Además de los programas de jubilación habituales (por ejemplo, vejez, discapacidad y sobrevivencia), la llamada Pensión Social funciona como una pensión básica universal. Es probable que el costo de este programa aumentara rápidamente a medida que aumentaba el desempleo. Además, debido a que la indexación no siguió una regla bien especificada, incluso los parámetros relevantes que ingresaban a las fórmulas de beneficio afectaban más al nivel de pensión inicial que a su valor sobre su duración. A la par de la complejidad del sistema, se utilizaron beneficios suplementarios, lo que gravó al fondo de pensiones con programas de asistencia social. Un costo oculto para el sistema proviene del hecho de que los años de servicio que determinan las condiciones de elegibilidad incluyen muchos años de no contribución, como los años de los estudiantes. Además de poner una carga financiera en el sistema, contar años estudiantiles para el período de adquisición de derechos hizo que el sistema sea más regresivo.

A comienzos de la década de 1990, Ucrania se enfrentó a dos grandes desafíos económicos. El primero fue corregir sus desequilibrios macroeconómicos, el segundo, el de pasar a una economía de mercado.

En 1994, el FMI[5] propuso un programa de estabilización para Ucrania. Según este plan, se esperaba que el déficit del presupuesto estatal consolidado, incluidos los créditos dirigidos y el Fondo de Pensiones, se hubiera limitado al 10 por ciento del PIB previsto en 1994, y la relación entre el déficit y el PIB se hubiera reducido a la mitad en 1995. El Gobierno también tenía la intención de limitar el crecimiento de la masa salarial pagada por las empresas estatales a no más del 80 por ciento. El programa de estabilización no previó, al menos en su primera etapa, el uso de un ancla del tipo de cambio. Tal anclaje es típico de los programas de ajuste en países latinoamericanos como Argentina y, más recientemente, Brasil.

También se debe agregar que 1994 fue el primer año de la operación de los fondos de pensiones no estatales, que se crearon basándose en regulaciones legales generales. Muchos de ellos pronto colapsaron, ya que resultaron ser nada más que pirámides financieras.

En 1997, la tasa de reemplazo de una pensión pública fue del 33%. El 13 de abril de 1998 se publicó un documento titulado “Las direcciones básicas de la reforma del sistema de pensiones en Ucrania”, que contó con la aprobación formal del presidente. En el mismo año se creó la “Asociación de Fondos de Pensiones No Estatales”.

En octubre de 1998, se impuso una tasa adicional del 1% sobre todas las operaciones monetarias en efectivo y sin contraprestación en efectivo, con la intención de financiar el Fondo de Pensiones de Ucrania. En 1998, la pensión promedio equivalía a 54 UAH (grivnas)[6], mientras que el nivel mínimo de subsistencia declarado para ese año era 118 grivnas. En 1999, el poder adquisitivo promedio de la pensión equivalía al 15,3% del de 1990 (época soviética). En 2002, alrededor del 97% de las pensiones eran inferiores al nivel mínimo de subsistencia oficial. En el mismo año, se ofrecieron arreglos especiales para representantes de ciertos grupos profesionales: miembros del parlamento, funcionarios del gobierno, jueces, fiscales de distrito, servicios uniformados, veteranos y funcionarios de aduanas.

I.IV La reforma de pensiones de 2004

El segundo modelo de sistema de pensiones ucraniano fue establecido por la reforma de 2004. En julio de 2003, se formularon dos reglamentos: la ley del 9 de julio de 2003 concerniente a las reformas del Seguro Obligatorio de Pensiones del Estado y la ley de la misma fecha concerniente a la llamada «provisión de pensiones no estatales». Ambas leyes debían implementarse a partir del 1 de enero de 2004.

Como resultado, se ha realizado una transición al “seguro de jubilación” y el establecimiento de un sistema de pensiones de tres niveles:

– Nivel I – sistema común

– Nivel II – sistema de acumulación obligatorio

– Nivel III: cuentas voluntarias con fondos privados.

Esta última regulación preveía la participación voluntaria en fondos de pensiones privados (no estatales) regulados por el Estado. Además, se abrió la posibilidad de acumular fondos para la jubilación en compañías de seguros de vida y bancos comerciales. Las instituciones que gestionaban fondos voluntarios tenían que poseer fondos propios de al menos € 300,000 (euros) en el caso de compañías ucranianas y € 500,000 (euros) en el caso de compañías internacionales.

En agosto de 2004, se introdujo una nueva fórmula para el cálculo de las pensiones en el nivel I. En septiembre de 2004, las autoridades iniciaron un plan de pensiones voluntarias vocacionales para todos los trabajadores del sector público. En el mismo mes hubo un aumento significativo en el valor del nivel mínimo de subsistencia oficial, que aumentó la cifra a 306 grivnas. En 2004, del total de 13,3 millones de pensionados, 11,7 millones recibieron el beneficio de pensión mínima. A principios de 2005, las pensiones sociales dejaron de financiarse con los recursos del Fondo de Pensiones de Ucrania y se convirtieron en parte de la asistencia social financiada directamente con cargo al presupuesto estatal. El 1 de marzo de 2005 comenzó a operar el sistema de valorización anual de las pensiones por el valor total del aumento en el índice de precios al consumidor más el 20% de aumento de las pensiones.

El aumento de las pensiones en 2004-2005 sin el aumento de las contribuciones a los fondos condujo a un aumento incontrolado del déficit en el Fondo de Pensiones de Ucrania y el nivel de los pasivos por pensiones en 2005 alcanzó el 17% del PIB. A comienzos de 2006, el impuesto cambiario utilizado para subsidiar el Fondo de Pensiones de Ucrania se redujo al 1.3%. La configuración del segundo nivel, que se pronosticó que ocurriría en 2007, no se llevó a cabo. A fines de 2007 había 51 fondos de pensiones privados (no estatales) registrados, de los cuales 41 eran fondos de pensiones voluntarios abiertos, 7 eran fondos de pensiones corporativos y 3 eran fondos de pensiones ocupacionales o profesionales.

El 1 de enero de 2008, el factor utilizado para calcular las pensiones aumentó del 1% al 1,2% para cada año de contribución. El cambio incluyó también a los jubilados actuales, cuyas pensiones habían sido recalculadas. El 1 de octubre de 2008, el factor de cálculo del beneficio volvió a subir, hasta el 1,35% por cada año de empleo. A fines de 2008, la pensión promedio equivalía a alrededor de 900 grivnas.

I.V Los cambios de 2011

En agosto de 2009, el gobierno estableció una comisión cuyo papel era implementar la reforma del sistema de pensiones. A mediados de 2009, había 108 fondos de pensiones voluntarios, de los cuales 74 comenzaron a operar y se les unieron alrededor de 500 mil cotizantes. En la ley del 28 de octubre de 2009 se establecieron los subsiguientes niveles mínimos de subsistencia, que también determinaron los montos de la pensión mínima para los períodos siguientes.

En 2009, el gasto en el sistema de pensiones ascendió al 18% del PIB. El 15 de diciembre de 2010, el gobierno presentó al parlamento un proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones, que prevé el aumento gradual de la edad de jubilación de las mujeres de 55 a 60 años cada 6 meses a partir del 1 de enero de 2012, así como un aumento gradual del número de años de contribución. Se subió para optar a la pensión completa de 20 a 30 años y de 25 a 30 años para mujeres y hombres respectivamente. Por la misma razón, el número de años de contribución necesarios para el beneficio de pensión parcial se aumentó de 5 a 15, aunque el plazo para este cambio no se ha establecido claramente. Además, la ley determina que la edad de jubilación de los empleados del gobierno aumentará de 60 a 62 años, a partir del 1 de enero de 2013.

Después de estos cambios, el sistema de pensiones mantuvo 3 niveles y cubrió a todas las personas empleadas y/o por cuenta propia en el territorio de Ucrania, ya sean ciudadanos, extranjeros o personas sin ciudadanía. También había un beneficio social de pensión de vejez, que se pagaba a los hombres de 63 años o más y a las mujeres de 58 años o más, que no hayan trabajado lo suficiente como para optar a la pensión básica. En este período, el mayor desafío que tuvo que enfrentar el mercado de pensiones de Ucrania fueron las bajas prestaciones. Sin embargo, otro desafío surgió de la diferencia significativa entre el promedio de vida de hombres y mujeres. El aumento eventual en la edad de jubilación de los hombres a 65 años podría mover esta línea dos años antes de la expectativa promedio de su vida. El siguiente problema se debió a un alcance significativo del empleo informal, que no solo afectaba la cantidad total de dinero recaudado por el sistema de pensiones, sino que también ocasionaba retrasos considerables en el pago de los beneficios en general. Pero además la razón de un empleo informal tan elevado se podría encontrar en la extremadamente alta contribución para el sistema de pensiones que un empleador tenía que soportar, entrelazando así las razones y las causas en un círculo vicioso.

Todo esto se complicó aún más por la tendencia demográfica desfavorable que reflejaba la disminución del número de jóvenes en la población. Otro obstáculo, fue la falta de personal altamente calificado y el conocimiento técnico necesarios, para la aplicación de soluciones de cuentas de capitalización individuales en el sistema de pensiones. El componente de capital obligatorio del sistema de pensiones prácticamente no había ido más allá que una mera regulación legal.

I.VI Los cambios de 2014

Durante 2012-2015, el Fondo de Pensiones de Ucrania siguió siendo escaso: en 2015 hubo 18.900 millones de grivnas sobrecargadas, es decir, 1.800 millones de grivnas más que en 2014 y 2.900 millones más que en 2013. En 2014, los gastos totales del Fondo de Pensiones de Ucrania disminuyeron, el valor ascendió a 248.9451 millones de grivnas que es un 0.6% menor que en 2013 y por 15.249 millones de grivnas más que en 2012. El crecimiento del gasto total fue el resultado de costos adicionales aparecidos debido a nuevos pagos y recalculo de los beneficios de pensión, que se llevaron a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos.

Una de las cuestiones no resueltas que impedían el funcionamiento efectivo del sistema de pensiones y violaba el principio de justicia social era la cuestión del pago a determinadas categorías de trabajadores (diputados, fiscales, funcionarios públicos) que eran varias veces superiores a la pensión general. El 1 de enero de 2015, la brecha entre el tamaño mínimo y máximo de la pensión era de 1 x 17, el salario del Gabinete de Ministros de Ucrania excedía 15 veces, los jueces y los fiscales 12 y 6 veces respectivamente, los funcionarios de aduanas, 4 veces. Por lo tanto, los expertos declararon que la diferenciación total de los niveles de pensión debería modificarse con base en los ingresos promedio del trabajador y su contribución al empleo, respetando los principios de justicia social.

En 2014 el Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó el Programa, que contenía la lista de cambios necesarios para la esfera social, y especialmente para las pensiones. Uno de los puntos de este programa fue el establecimiento de un sistema de pensión social justo y la abolición de las pensiones especiales, que, en nuestra opinión, deberían convertirse en la prioridad del gobierno para mejorar el sistema de pensiones en Ucrania. Con la aprobación de la Ley «Sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos de Ucrania sobre las pensiones», se dieron los primeros pasos hacia la introducción de los «principios comunes» de las pensiones para todas las categorías de ciudadanos. Estos nuevos cambios se realizaron principalmente para categorías tales como funcionarios del gobierno, fiscales, parlamentarios, jueces y otros. En particular, ocupando la posición antes mencionada, una persona no puede recibir una pensión y recibir un salario, en otras palabras, los pensionados tienen el derecho de elegir si ocupan una «posición especial» y recibir un salario o renunciar y recibir una pensión. En cuanto a los pensionados que trabajan en otras categorías, el monto de los beneficios de jubilación de quien excede 1423.5 grivnas o 1.5 tiempo de nivel de vida, se paga a una tasa de 85% de la pensión concedida, pero esto no debe ser menor del 150% del nivel de vida. Al mismo tiempo, las personas con discapacidad de los grupos I y II, los veteranos discapacitados del grupo III, los combatientes y los miembros de las familias de los soldados caídos reciben una pensión del 100%.

De acuerdo con el Programa del Gabinete de Ministros de Ucrania, las altas pensiones siguieron siendo gravadas, pero en concordancia con los nuevos cambios. Además, la Ley de Ucrania «Sobre las enmiendas al Código Fiscal y algunos otros actos legislativos de Ucrania sobre la provisión del equilibrio de los ingresos presupuestarios en 2016» establece nuevos límites para la imposición de grandes pensiones y un nuevo procedimiento para el pago de pensiones obligatorias. A partir del 1 de enero de 2016, la tasa única de impuestos se fijó en 15% para los montos de los pagos de pensión que excedan 4.134 grivnas (tres salarios mínimos, al 1 de enero de 2016). Al mismo tiempo, las pensiones otorgadas a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos discapacitados y los familiares de los veteranos de guerra (muertos) o víctimas no pagan impuestos.

También se aplicaron nuevos cambios a los términos de cálculo y pago del seguro de pensión estatal obligatorio para la legalización del mercado laboral y la legalización de los salarios, los principales son:

– Se impuso un impuesto único a cada persona asegurada, pero no a la nómina o la cantidad totales del apoyo financiero;

– Se introduce un pago mínimo por mes por empleado, que se calcula multiplicando el salario mínimo, establecido por ley por un mes, y para el cual se imputa el salario (salario, ingreso) y la tasa impositiva única establecida para las categorías respectivas de contribuyentes;

– La tasa impositiva única para el seguro obligatorio de pensión estatal se reduce al 22%;

– La tasa máxima de impuesto único se extiende de 17 a 25 del nivel de vida para la población empleable.

I.VII Los cambios del 2017

Los problemas actuales del sistema de pensiones de Ucrania son casi los mismos que hace 10 años:

– Lenta implementación del nivel II;

– Opciones de inversión menos rentables para los fondos de pensiones debido a la crisis financiera;

– Falta de incentivos económicos para que los empleadores inicien planes de pensiones;

– Bajo valor de los beneficios de pensión;

– Los costos de operación del sistema de pensiones;

– Alta carga financiera para los empleadores.

El FMI para abordar los problemas del sistema de pensiones, sugirió que el gobierno ucraniano encuentre una manera de reducir el ingreso de nuevos jubilados al sistema y obtener más ingresos por contribuciones. Desde el punto de vista del FMI, existen diferentes opciones para hacerlo, desde limitar aún más el alcance de la jubilación anticipada, hasta aumentar la edad en que la gente se jubila efectivamente, por lo que el FMI insistió en aumentar la edad de jubilación. En particular, los prestamistas internacionales propusieron establecer un umbral de +63.

El 8 de octubre de 2017, el Presidente de Ucrania firmó la nueva ley de pensiones, aprobada por el parlamento. A pesar de las demandas del FMI, las edades de las pensiones no aumentaron. Sin embargo, la reforma aumenta el requisito para reclamar pagos de pensiones de 15 a 25 años en 2018 y 35 años en 2028.

El gobierno introduce reglas uniformes para determinar el monto de los beneficios de las pensiones. El sentido de este cambio podría explicarse en el siguiente ejemplo. Muchos pensionados, que se jubilaron digamos hace 10 años, reciben una pensión más baja que sus colegas que comenzaron a recibir una pensión recientemente. Un ejemplo simple: un minero con un registro de seguro de más de 46 años. Si este empleado recibió una pensión en 2008, obtiene 3.312 grivnas. Si tal trabajador se retiró en 2016 obtiene 8.446 grivnas. Esto sucede porque, de hecho, las pensiones ucranianas dependen de tres factores: salarios, antigüedad y un índice salarial promedio, utilizado para calcular las pensiones. El salario promedio aumenta todos los años, por lo que las pensiones ucranianas deben ser «modernizadas». Sin embargo, la última vez que se llevó a cabo tal «modernización» fue en 2012, pero con un índice salarial promedio para 2007 de 1.197,91 grivnas. Durante este tiempo, el salario promedio en Ucrania, que se utiliza en el cálculo de pensiones, ha aumentado a 3.764,4 grivnas, o sea, más de tres veces. Como resultado, 2/3 de las pensiones ni siquiera alcanzan el mínimo de subsistencia. Por lo tanto, se está introduciendo una nueva fórmula para la contabilidad de pensiones. Se basa en un enfoque unificado para jubilados «antiguos» y «nuevos», donde se utiliza el salario promedio de 3.764,40 grivnas. Es decir, el índice de cálculo de pensiones casi se triplica.

Además, el gravamen de las pensiones se canceló a partir del 1 de octubre de 2017 y la reducción de la jubilación para los pensionados que trabajan (que es muy común debido a los bajos pagos de las prestaciones) también se elimina. Los beneficios de jubilación injustamente altos para las profesiones privilegiadas también se cancelaron a partir de esta fecha. En este momento, solo el personal militar puede obtener tales «prestaciones de servicio a largo plazo». Finalmente, los pagos de las pensiones también estarán vinculados al desarrollo del salario promedio. Hasta 2017, la indexación de las pensiones fue, en su mayoría, mucho más baja que la inflación y de manera irregular.

El sistema actual carece de los datos demográficos de Ucrania y del balance de los pagadores y receptores de las pensiones. Actualmente hay una proporción de 1:1 de pagador-receptor y el déficit del Estado en Fondos de Pensiones drena (2017) el 35% del presupuesto total del estado.

II. El caso chileno

Introducción

El Sistema de Previsional Chileno nació en 1924 bajo la lógica del régimen de reparto. En el año 1980 en tiempos de la dictadura militar se realizó un giro copernicano en la materia, estableciéndose un nuevo sistema de “Capitalización Individual”, dirigido por empresas privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Al evidenciar el “nuevo sistema” sus problemas, en especial la baja tasa de reemplazo, se buscó mejorar el monto de las prestaciones a través de la subvención del Estado. Es así como en el año 2008 se dicta la ley 20.255 que crea el llamado “Pilar Solidario”. Sin embargo, esta reforma no fue suficiente, por lo que se han analizado otros caminos de reforma, como la creación de un AFP estatal o más recientemente la creación de un “Ahorro Colectivo”.

II.I Antecedentes generales

En Chile la esperanza de vida media es de 80.5 años. Para el caso de las mujeres la esperanza de vida es de 83 años y en el caso de los hombres de 79. La distribución por edades es la siguiente: entre 0 a 14 años 20.7%. Entre 15 a 24 años 16,3%, entre 25 a 54 años 43,2%. Población entre 55 a 64 años 9.9%. 65 y más 9,9%. Chile posee el más alto nivel de PIB per cápita de América Latina siendo este de USD 26.068 (PPA) y de USD 15.151 (precios nominales).

Durante los últimos años el debate sobre nuestro sistema de pensiones ha sido una constante, destacándose la necesidad de cambiar o reformar nuestro actual modelo basado en la capitalización individual. El programa de la ex Presidenta Michelle Bachelet proponía la creación de una AFP estatal, proyecto que todavía no logra materializarse. Sin embargo, la creación de una Comisión Asesora Presidencial para estudiar el problema de las pensiones (Comisión Bravo) si produjo resultados, entregando sus propuestas,[7] en el mes de septiembre de 2015. A pesar de las conclusiones entregadas por la Comisión Bravo, en el mes de agosto del año 2017 el ejecutivo presentó un nuevo proyecto que consiste en la creación de un pilar de “Ahorro Colectivo” que involucra a los empleadores en el pago de una cotización adicional del 5% del sueldo del trabajador. En similares términos el gobierno de Sebastián Piñera está proponiendo hoy un incremento del 6% de la cotización de cargo del empleador.

II.II Breve Historia de la Previsión Social en Chile

A finales del siglo XIX y con el crecimiento de las ciudades y de la industria minera en el norte de nuestro país, se comienza a manifestar un problema que está íntimamente relacionado con la falta de leyes que protejan el trabajo. La llamada cuestión social fue enfrentada de manera violenta por el Estado y es así como se suceden una serie de masacres durante los albores del siglo XX siendo la más recordada la matanza de la escuela Santa María de Iquique.[8] La protección de los trabajadores por jubilación, servicios médicos o protección de viudas o huérfanos era asumido por organizaciones de los propios trabajadores llamadas mutuales u organizaciones de socorros mutuos.

Recién en el año 1924 se dictaron las primeras leyes que crean un Sistema de Protección Social en Chile. En dicho año se crean las Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, que funcionaban bajo la lógica del reparto. Los aportes que recibía provenían de los trabajadores afiliados, de los empleadores y del estado. A partir de 1952 su reorganización dio origen al Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud. En 1968 se dicta la Ley Nº 16.774 que establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En 1974 el sistema de carácter obligatorio cubría a la totalidad de los trabajadores dependientes. El sistema se organizaba en base a “Cajas”, que eran empresas públicas en donde los trabajadores de un sector o gremio debían pertenecer a su “Caja”. Si bien el número de estas empresas llegó a ser 35 solo 3 de ellas representaban el 90% de los afiliados.[9] Entre 1974 a 1980 el excedente neto promedio de las Cajas fue de un 19,2% de los ingresos. Una parte de estos excedentes se usaba para otorgar beneficios adicionales a los afiliados como préstamos personales, médicos e hipotecarios a bajo costo.

En el año 1980 con la dictación del DL 3.500 se produje un giro copernicano en nuestro sistema previsional. Se crea mediante esta norma, un sistema completamente distinto al que funcionaba desde 1924, estructurado bajo la lógica de la Capitalización Individual. En el año 1982 se fusionaron las cajas de Servicio de Seguro Social y EMPART (Caja de Previsión de Empleados Particulares) siendo paulatinamente incorporadas las restantes. En el año 1988 mediante la Ley Nº 18.689 se fusionan 15 entidades previsionales en el Instituto de Normalización Previsional (INP)[10] y se ordena la anexión de las otras Cajas aún existentes.

II.III La implementación del sistema de Capitalización Individual

Durante el gobierno militar el entonces ministro del Trabajo y Previsión Social José Piñera Echenique[11] propuso la creación de un “nuevo sistema previsional” alejado completamente de la lógica de reparto del viejo régimen. Es así como en el año 1980, se dicta el DL. 3.500 que crea el nuevo sistema bajo la lógica de la Capitalización Individual y dirigido por empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones. De esta manera las futuras pensiones de los afiliados se financian íntegramente mediante el ahorro de los propios afiliados al sistema, por medio de la creación de cuentas de capitalización individuales que son administradas por las AFPs. Las cotizaciones se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones que las administradoras realizan con los fondos. Al término de la vida laboral de los afiliados, estos recursos y sus ganancias se devuelven al pensionado o a sus beneficiarios sobrevivientes, en la forma de alguna de las modalidades de pensión.

Las modalidades de pensión son básicamente dos:

1. a) Renta Vitalicia: Compra por parte del trabajador con sus fondos a una compañía de seguros de una renta vitalicia que es una pensión de por vida para él, pero que en caso de fallecimiento se continúa pagando a su viuda u viudo o demás beneficiarios. Estos contratos de rigen bajo el modelo de pólizas. Las modalidades de renta vitalicia son: Renta Vitalicia Inmediata, Renta Vitalicia diferida, Renta Vitalicia inmediata con Retiro Programado.
2. b) Retiro Programado: Esta modalidad consiste en mantener los ahorros en la AFP a que se encuentra afiliado y realizar giros a cargo de su cuenta de capitalización individual. El monto de la pensión se calcula y actualiza cada año en función del saldo de su cuenta, la rentabilidad de sus fondos y la expectativa de vida del afiliado. El monto de pensión varía normalmente disminuyendo cada año.

Dos diferencias hicieron atractivo el cambio de sistema para los cotizantes. Por una parte, al tratarse de cuentas de capitalización individual de propiedad de los afiliados, los excedentes no cobrados como pensión son heredables. Por otra parte, las cotizaciones de este nuevo sistema son más bajas que las del régimen antiguo.[12] Hoy, sin embargo, una gran cantidad de afiliados que optaron por el sistema de Capitalización Individual alega engaño o coacción por parte de sus empleadores, para preferir el nuevo régimen.[13]

II.IV La crisis del sistema

El régimen de capitalización individual comenzó a evidenciar sus problemas al momento de empezar a pensionar a los primeros cotizantes. Ya desde el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) el sistema preocupaba por lo bajo de las pensiones proyectadas. La primera reforma, impulsada bajo el gobierno de Lagos (año 2000), introdujo un “segundo fondo” para aquellos cotizantes cuya edad se acercará a la de retiro. La idea era invertir estos fondos en instrumentos de renta fija a fin de no arriesgar a última hora la rentabilidad obtenida durante todos los años en el sistema. La segunda reforma, consistió en la creación de los multifondos (año 2002). Mediante la Ley Nº 19.795 se introdujo esta reforma, que diferencia entre sí los fondos, por el monto máximo permitido invertir en renta fija y variable. Se crean de esta manera 5 fondos: A, B, C, D y E, donde él A es el más riesgoso y posee un límite máximo de 80% de inversión en renta variable. El fondo E contiene por otro lado un 100% de activos de renta fija.

En el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), se discutió nuevamente este problema. En 2006 se creó la Comisión Presidencial para la mejora de las pensiones, presidida por Mario Marcel. Este grupo de “técnicos” nombrados por la presidenta entregó una serie de recomendaciones. En sus conclusiones, la Comisión desconoció la crisis del Sistema de Pensiones y manifestó expresamente que “El régimen de Capitalización Individual creado por la reforma de 1981 no está en crisis” Señalaba además algo que al día de hoy resulta difícil de explicar: “El régimen de capitalización individual como mecanismo de financiamiento no ha fracasado. Para trabajadores con empleos estables, que cotizan con regularidad a lo largo de toda su vida laboral, los fondos acumulados permiten financiar pensiones cercanas a sus ingresos en actividad”.[14]

El cambio de mayor significación que se introdujo como resultado del trabajo de la Comisión Marcel, fue la creación del llamado “Pilar Solidario” con la dictación de la Ley Nº 20.255. Con esta ley se crea un sistema no contributivo de pensiones de carácter universal, financiado con fondos del Estado y destinado a entregar ingresos a la población adulta mayor, más desamparada. De esta manera nuestro país tiene un sistema de pensiones no contributivo (Pensión Básica Solidaria de Vejez o de invalidez) que convive con el sistema contributivo establecido en el DL 3.500 y en el “sistema antiguo” o de reparto administrado por el Instituto de Previsión Social. Junto a la pensión Básica Solidaria, se crea el Aporte Previsional Solidario (de vejez o de invalidez), que tiene por objeto mejorar las pensiones más bajas.

Otra de las propuestas de la Comisión Marcel fue el aumento de la cobertura del Sistema. De esta manera se propuso ingresar como cotizantes a los trabajadores independientes y a honorarios. Esta obligación establecida en la Ley Nº 20.255 ha tenido que ser postergada varias veces debido a la movilización de los trabajadores a honorarios principalmente del sector público.[15]

Se señaló en el informe, que las propuestas de la Comisión Marcel permitirían “Elevar la tasa de reemplazo de las pensiones de vejez contributivas hasta niveles similares a los de países de mayor desarrollo”. En estas fabulosas proyecciones la tasa de reemplazo[16] “podría incrementarse hasta poco más del 70%.”[17]

II.V Las propuestas de reforma de Michelle Bachelet (2013)

Después de la reforma del año 2008 el problema de las bajas pensiones fuera de disminuir fue aumentando. Hay que recordar que la presidenta Bachelet en su primer periodo fue la creadora del llamado Pilar Solidario (Ley Nº 20.255) que estableció entre otros beneficios la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario.

Dentro de las reformas de “fondo” (Educacional, tributaria y Constitucional), presentadas por Bachelet en su programa de gobierno en 2013, no se contemplaba una reforma al Sistema de Pensiones. Se señalaba que al sumar los beneficios de la Ley Nº 20.255 al sistema contributivo se aumentaba substancialmente la tasa de reemplazo.[18] Este análisis complaciente, reconoce sin embargo el “importante descontento respecto a la calidad de las pensiones”. También se menciona en el programa que la credibilidad del sistema se ve aminorada por existir ganancias “extranormales” por parte de las AFPs.

Las medidas comprometidas en esta materia eran 2 que serían implementadas dentro de los primeros 100 de gobierno:

– Encargar un estudio sobre el sistema de Pensiones a un equipo de expertos[19] para que propongas alternativas de solución al problema de las bajas pensiones.

– Enviar un proyecto de ley para crear una AFP estatal y que permita mayor competencia de precios dentro del sistema.[20]

Sobre la formación de la Comisión, que a la postre se denominó Comisión Bravo, debido a que quien la presidió fue el economista David Bravo, entregó sus recomendaciones en el mes de septiembre de 2015. Esta Comisión tuvo serias diferencias de opinión entre quienes proponían “perfeccionar” el sistema de Capitalización Individual y quienes proponían avanzar hacia un sistema mixto incluyendo un pilar de “Reparto”. En definitiva, la comisión presentó tres propuestas distintas.

En 2016 Michelle Bachelet se encontró con el surgimiento de un movimiento de descontó social, que cambió por completo el escenario de lo que venía discutiendo. Debido al empuje del movimiento social que demandaba “No+AFP”[21], el gobierno decidió tomar la iniciativa y hacer una propuesta que significaba el aumento inmediato de las pensiones incluyendo un pilar de “reparto”. En el mes de abril de 2017 la presidenta Bachelet anunció un cambio en el sistema previsional chileno. Por primera vez, luego de casi 40 años, se volvía a pensar en un mecanismo que incorporaba la lógica de la solidaridad. Este anuncio se concretó a través del envío, por parte del ejecutivo, de dos proyectos; uno que creaba el Nuevo Ahorro Colectivo y otro que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo. Esta última institución, era la entidad encargada de administrar los nuevos fondos. En el proyecto, la administradora, es “una entidad (publica) sin fines de lucro, con menores comisiones y gastos operativos, transparente en la inversión de los recursos” y que contará con “excelencia técnica”.[22] Según las proyecciones del gobierno, esta reforma permitía aumentar las actuales pensiones en un 20%.

El proyecto de Nuevo Ahorro Colectivo consiste en la cotización adicional de un 5% del sueldo del trabajador, de cargo del empleador y que se distribuye de dos maneras. Un 3% iría a una cuenta de ahorro personal “heredable” del trabajador. El otro 2% se distribuiría bajo una lógica “solidaria” y busca mejorar inmediatamente las pensiones de los actuales jubilados (solidaridad intergeneracional) y la de los futuros jubilados (solidaridad intra-generacional). También se establece en el proyecto, la creación de un fondo de incentivo para mejorar las pensiones de las mujeres que decidan postergar su edad de jubilación.[23]

Desde un principio las AFPs estuvieron en desacuerdo con la reforma, ya que en su opinión el aumento del 5% debe ir de manera integra a la cuenta individual de los afiliados al sistema. Fondos que por lo demás administran ellos.[24] En un comunicado de prensa la AFP Hábitat consideró que el aumento al 15% es “un avance significativo” siempre y cuando no se destine en parte a incrementar pensiones actuales, ya que en ese caso sería un “impuesto al salario” que afectaría gravemente a 2 millones de personas de clase media. En opinión de la AFP Hábitat “Los recursos para elevar las pensiones básicas actuales deben venir de reasignación de gastos o de nuevos impuestos que se paguen por todos los chilenos y no por un impuesto al sueldo a quienes tienen un contrato de trabajo.”[25]

II.VI La última propuesta de reforma

El programa de Gobierno del actual presidente Piñera en esta materia parte reconociendo que existe un fuerte descontento con el desempeño del sistema de pensiones y un amplio consenso sobre la necesidad de reformarlo. La propuesta original de Piñera significaba “Aumentar las pensiones incrementando en 4 puntos la cotización obligatoria, con cargo al empleador, para fortalecer el ahorro previsional de sus trabajadores y mejorar sus pensiones futuras”.[26] Por otro lado proponía incrementar los aportes fiscales al “Pilar Solidario” en un 42% aumentando su cobertura hacia la clase media. También proponía el “complemento” de las pensiones de la clase media con cargo fiscal para quienes hayan cotizado más de 20 años. En resumen, el programa del presidente Piñera proponía, muy de acuerdo con lo expresado por la AFP Hábitat, que el aumento de la cotización (4%), sea administrado por las AFPs y que el aumento de pensiones se haga en base al incremento de los fondos del Pilar Solidario vía mayores impuestos que serán pagados por todos los chilenos.

La explosión social de octubre de 2019 tuvo entre sus múltiples motivos el de las bajas pensiones que afectaban a los chilenos. Una vez más una de las consignas más escuchadas era “No+AFPs”. El gobierno resintió el golpe y mediante un entendimiento con algunos partidos de la oposición logró un “acuerdo por la paz social y nueva Constitución”. También aceleró lo que venía proponiendo con respecto a las pensiones. En noviembre de 2019 el gobierno nuevamente llega a un acuerdo con la oposición, pero esta vez para aumentar el “Pilar Solidario”. De esta manera se modificó la Ley Nº 20.255 y se establecieron tramos de edad para acceder a los beneficios. Se aumentan en un 50% las pensiones solidarias de los mayores de 80 años, en un 30% para los pensionados entre 75 y 80 años y 25% para aquellos pensionados mayores de 65 y menores de 75 años. La reforma también aumenta el Aporte Previsional Solidario y la Pensión Máxima de Aporte (PMAS) que igualmente se gradúa en base a los rangos de edad descritos anteriormente. El aumento de estos beneficios esta muy lejos de abordar la discusión de fondo, que consiste en el fracaso del sistema de capitalización individual para procurar pensiones suficientes y estables. Para hacerse cargo del problema de las bajas pensiones del sistema de Capitalización Individual el gobierno presentó un proyecto que en el camino ha ido cambiando, resultando en su discusión parlamentaria cada vez más parecido al proyecto de Ahorro Colectivo presentado por Michelle Bachelet.[27]

 

III. Reflexiones finales [arriba]

A principios de la década del 90 tanto en Chile como en Ucrania se produjo un cambio de régimen que abre una nueva etapa histórica. En el caso de Ucrania la disolución de la Unión Soviética significó que la nueva república iniciara un camino propio de desarrollo enfrentando el enorme reto de pasar de una economía planificada a una de mercado. El sistema de pensiones del país tuvo que adecuarse a la nueva realidad de una economía capitalista. La primera opción para un sistema de pensiones, luego de la época soviética, fue la del “régimen de reparto”. Posteriormente y como otros países de la Europa del Este (Rusia o Polonia), incorporó un sistema complementario basado en la capitalización individual.

Chile, que recupero su democracia en el año 1990 tuvo un camino distinto en materia de pensiones. El nuevo régimen post dictatorial, aseguró el sistema basado en la capitalización individual y organizado en base a empresas privadas de gestión denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones. Sin embargo, en el año 2008 se creó el denominado “Pilar Solidario” lo que significa la participación del Estado mejorando las pensiones más bajas y creando una pensión no contributiva universal para la población más pobre. Desde este punto de vista, Chile tiene un sistema mixto en el cual convive un sistema contributivo (régimen antiguo de reparto y nuevo de capitalización individual) y no contributivo (Pensiones Básicas Solidarias).

En este artículo hemos dado cuenta del debate reciente tanto en Ucrania como en Chile en materia de pensiones. Como lo hemos señalado, el camino para mejorar las prestaciones no ha sido fácil y el debate sobre una modificación mayor del sistema en ambos países está lejos de finalizar.

Bibliografía [arriba]

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FAZIO, Hugo y otros; Gobierno de Lagos: balance crítico, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2005.

Humeres, Héctor y otro: Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992.

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Informe Final. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. 2015.https://prens a.presidenci a.cl/lfi-content/o tras/inform es-comision es/InformePen siones.pdf

PORTALES, Felipe: Los Mitos de la Democracia Chilena, Santiago de Chile, Editorial Catalonia, 2004.

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Programa de gobierno, Sebastián Piñera Echeñique. Año 2017. http://www.seba stianpinera.cl/i mages/p rograma-SP.pdf

Séptimo Informe Anual. Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. 2016.

Soto Kloss, Eduardo: Ordenamiento Constitucional, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1980.

Thayer, William: Introducción al Derecho del Trabajo, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1984.

 

 

Notas [arriba]

[1] PhD. In Law. Máster of Law, Ukrainian Academy of Banking. Profesora de la Universidad Estatal de Sumy, Ucrania.
[2] Abogado. Profesor de la Universidad de Aconcagua, Temuco, Chile. Sergio.ehijos.m@uaconcagua.cl
[3]La expresión cuello azul (del inglés blue collar) o trabajador de cuello azul (blue-collar worker) es un término que se utiliza, particularmente en países de habla inglesa, para designar a los individuos que forman la parte más baja de la jerarquía de las empresas; en particular con frecuencia señala a ejecutantes de tareas manuales y a obreros, marcando una oposición entre este término y los llamados cuellos blancos (white collar), los que fundamentalmente engloban a dirigentes y otros cuadros superiores administrativos y técnicos.
[4] Partido Comunista de la Unión Soviética.
[5]Fondo Monetario Internacional. Es una institución internacional que reúne a 189 países, y cuyo papel, es “fomentar la cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial; infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del Fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos”
[6] Moneda Ucraniana. Una grivna corresponde a 29 pesos chilenos, cálculo a julio de 2020.
[7] La verdad es que debido a la falta de acuerdo entre sus integrantes fueron 3 propuestas.
[8]  La matanza de la escuela santa María se produce el 21 de diciembre de 1907. Las versiones hablan de entre 700 y 3.600 obreros asesinados. Los trabajadores que participaban de una huelga producto de sus malas condiciones laborales fueron ametrallados por el ejército.
[9] Estas cajas eran CANAEMPU (Caja Nacional de empleados Públicos y Periodistas). EMPART (Caja de Previsión de Empleados Particulares) y S.S.S. (Servicio de Seguro Social).
[10] El Instituto de Normalización Previsional (INP), fue creado mediante el DL 3.502 de 1980. En 2008 luego de la dictación de la ley 20.255 pasa a llamarse Instituto de Previsión Social.
[11] Economista. Ministro del Trabajo y Previsión Social y Minería durante el régimen militar.
[12] El DL 3.501 de 1980 hace de las cotizaciones del sistema antiguo una carga exclusiva del trabajador.
[13] Llama la atención que, a pesar de las ventajas anunciadas por el nuevo sistema, los gobernantes de entonces, las Fuerzas Armadas y de Orden, hayan optado por mantener su régimen previsional de las cajas CAPREDENA y DIPRECA respectivamente.
[14] Resumen Ejecutivo de la Comisión de Reforma Previsional (Comisión Marcel).
[15]En enero de 2016 de publicó la ley 20.894 que prorroga hasta el 2018 (operación renta 2019) la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores independientes. En principio se establecía que a partir de enero de 2015 la obligación de cotizar no admitía excepción, ya que antes de esta fecha los trabajadores a honorarios podían manifestar su desacuerdo con cotizar.
[16] La tasa de reemplazo corresponde a la relación entre la pensión y las últimas remuneraciones.
[17] Resumen Ejecutivo de la Comisión de Reforma Previsional (Comisión Marcel).
[18]Programa de gobierno de Michelle Bachelet. http://www.subdere.go v.cl/sal a-de-prensa/ programa-de-g obierno-mic helle-bachelet-2014-20 18-2 última visita 06 de julio de 2020.
[19] Luego conocida como Comisión Bravo.
[20] Este proyecto todavía se encuentra en discusión en el Congreso.
[21] En agosto de 2016 se formó el movimiento “No+AFP” que convocó a miles de personas en las principales ciudades de nuestro país. Se estima que en las movilizaciones participaron más de un millón de personas.
[22]http://www.go b.cl/nuevo -sistema -ahorro-colect ivo-mejorar a-las-pensione s-los-chilenos/ última visita 09 de julio de 2020.
[23]Subsecretaría de Previsión Social. https://www.previs ionsocial.gob .cl/sps/nuevo-ah orro-colect ivo/ última visita 09 de julio de 2020.
[24] El diputado Patricio Melero, explica la razón de su rechazo al proyecto del gobierno de Michelle Bachelet señalando que el conjunto del aumento de la cotización debería ir a la cuenta de capitalización individual. https://www.camara.c l/prensa/sala_de_pr ensa_detall e .aspx?prmid=133 206 última visita 06 de julio de 2020.
[25]https://www.afphabi tat.cl/noticias /comunicado -de-prensa-encu esta-sobre-e l-5-adicional-de-c otizacion/ última visita 09 de julio de 2020.
[26]Programa de gobierno, Sebastián Piñera. http://www.seba stianpinera .cl/images/ programa- SP.pdf última visita 09 de julio de 2020.
[27] El proyecto aumenta en un 6% la cotización de cargo del empleador. “Se establece un aumento de cotización previsional de 6% sobre la renta imponible, con cargo del empleador en el caso de los trabajadores dependientes y del trabajador en el caso de los trabajadores independientes. De esta cotización, un 3% será destinado al financiamiento del Ahorro Previsional Adicional (APA) y un 3% al Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS), que a su vez se compone del Seguro de Dependencia (SO), que se financia con un 0,2% de tasa de cotización y los diferentes beneficios que entrega el Fondo de Ahorro Colectivo Solidario (FACS)”. https://www.camara .cl/verDoc.as px?prmTipo=S IAL&prmID= 53071&forma to=pdf últim a visita 09 de julio de 2020.

 

Mariia Kuntsevych – PhD. In Law. Máster of Law, Ukrainian Academy of Banking. Profesora de la Universidad Estatal de Sumy, Ucrania.
Sergio Ehijos Mardones – Abogado. Profesor de la Universidad de Aconcagua, Temuco, Chile