Sebastián Jeans Pérez

Opinión

En el último lustro, la crisis de las instituciones ha tenido momentos particularmente graves para la estabilidad democrática y la paz social en nuestro país. La actual gestión en la Gran Logia de Chile asumió en 2018, cuando la virulencia y la descalificación se habían instalado en el país, y quienes polarizaban los debates no medían las consecuencias del precipicio al que se estaba acercando la institucionalidad del país.

Pocos se preocupaban por el país, y muchos medios atizaban el fuego verbal promoviendo la discordia y resaltando todo lo que ayudara al descrédito de las instituciones. Nuestra Orden incluso estuvo en esa escalada a partir de las malas conductas de tres o cuatro individuos pertenecientes a ellas.

Nuestro razonamiento fue entonces, y lo sigue siendo, que no hay democracia, respeto a los derechos de las personas y a su dignidad, un concepto civil de convivencia, una idea de comunidad nacional, un sentido de pertenencia patriótica, respeto y aseguramiento del Estado de Derecho, justicia y protección de la vida cotidiana de las comunidades, etc. sin instituciones que garanticen la convivencia y la vida de las personas, que sean la base de la democracia y que permitan proteger un sentido de comunidad fundado en nuestra pertenencia nacional.

Tal vez, para algunos componentes de nuestra sociedad, todo se trata de cambiar las instituciones. En realidad, nunca visualizamos en este lustro, un interés mayoritario de la ciudadanía por cambiar radicalmente la existencia de las instituciones. Corrobora esta idea lo que han señalado dos plebiscitos constitucionales, en años anteriores. Por el contrario -lejos del interés político partidista, actitud que caracteriza a la Masonería como institución de promoción ética-, lo que advertimos fue que lo que esperaban los chilenos era que las instituciones cumplieran su rol.

Eso nos motivó a generar espacios y reconocimientos a instituciones y personas altamente representativas de ellas. Es decir, la institución masónica asumió su rol como parte de su histórica presencia en la sociedad civil chilena, contribuyendo al desarrollo del país a través de hombres respetuosos de las leyes, solidarios, progresistas y humanistas.

Por años, la Masonería ha condecorado a bomberos, profesores del sistema público de educación, cuando nadie lo ha hecho, pese al trascendente rol civil que sus exponentes cumplen. Nuestra decisión institucional fue ampliar nuestro reconocimiento a otras instituciones, y ojalá estimular a quienes venían a integrarse a ellas. Lo explicamos a algunos jefes de instituciones y así surgió la primera invitación. Venía de una institución que había tenido una enorme mutación desde el regreso a la democracia, adoptado una nueva denominación de marca, para expresar justamente aquello que antes no había sido con fidelidad: la PDI.

Reconocimos esa mutación y su contribución a la democracia en la persecución del delito. No buscamos sus defectos o sus falencias, sino todo lo positivo que ella ha representado. Así comenzamos a entregar una medalla a quien se destacara en la formación para ser detective. Que orgullo poder hacerlo.

¿Por qué no lo han hecho otros? Sinceramente siempre me lo he preguntado.

Cuando vino el estallido social, se asaltaban cuarteles policiales y militares, se quemaban iglesias y edificios públicos y privados, se estimulaba el odio hacia las instituciones, y en muchos medios se cuestionaba el rol cumplido por hombres abnegados de ellas. Muchas veces esas instituciones estaban solas, porque nadie quería aparecer como sensato y racional, sino como audaz y vociferante sensor de los errores que sus integrantes pudieran cometer.

No pocos han asumido el rol de «vigilantes» sobre dichas instituciones, sin que la ciudadanía se los encargara.

En medio de esa vorágine, nos centramos en destacar a todas las instituciones permanentes de la República, y reconocimos su rol fundamental para tener una sociedad con derechos, seguridad e imperio de la ley. Lo seguiremos haciendo, porque ese es el rol de las instituciones con finalidad ética. Y seguiremos proponiendo a esas instituciones permitirnos condecorar a quienes se destacan, especialmente en los procesos de formación, porque quienes se forman mejor para servir a la comunidad, a la ley y a las comunidades de nuestro país, o a la Nación toda, merecen el estímulo del reconocimiento, ya que su labor será anónima y muchas veces amarga.

Nos gustaría que hubiese otras instituciones de la sociedad civil, y reconocemos a aquellas que lo hacen, que expresen su reconocimiento a la pertenencia abnegada y decente de aquellos que trabajan con lealtad en el cumplimiento de su deber con la institución a la que pertenecen, y cuya beneficiara final es la republica y sus gentes. Así se persevera en la democracia y en su diversidad.