Las municipalidades a nivel nacional desde hace bastante tiempo han estado en el ojo del huracán, principalmente por presentar deficientes modelos de control de gestión y falta de interés por avanzar en mejorar las formas de llevar sus actos administrativos. 

En esta columna se aborda la transparencia como uno de los elementos sustanciales para recuperar la confianza de la ciudadanía -si existe confianza no es necesaria la transparencia- pero como las prácticas y doctrinas que han demostrado estas entidades edilicias han equivocado sistemáticamente el camino hacia la transparencia, es necesario realizar más que diagnósticos propuestas concretas.

Desde el punto de vista del dinámico flujo de información que debe manejar una municipalidad, es importante realizar cambios al concepto de administración, relacionado más con llevar a cabo los procedimientos vigentes de una entidad, pero trae consigo una actitud estática y tradicional que no obliga a “llegar más allá que lo normalmente establecido”, sin embargo, el concepto que gestión requiere de adelantarse a los hechos presentando soluciones de manera permanente y dinámica, por lo tanto, una municipalidad que tiene claro este concepto puede mejorar las condiciones de los ciudadanos.

En la administración municipal es fundamental resguardar el principio de control, el cual no representa un fin en sí mismo, sino que busca establecer una correlación entre lo que se planifica, quién es el responsable de llevarlo a cabo y cuáles son los recursos involucrados.  En esta línea, es sabido que muchas de las municipalidades del país han perdido el rumbo hacia un control eficiente, principalmente por las débiles funciones que se le atribuyen a las unidades o departamentos de control interno, por lo tanto, una primera arista en este caso, está dado por fortalecer estas unidades, dotándola de mayor autonomía, además del establecimiento de procedimientos que lleven consigo seguimiento de las fiscalizaciones y otras funciones en cada una de las áreas que les compete.

Para procurar una mayor transparencia es necesario también estar dispuestos a que otros puedan analizar y conocer cuáles han sido las medidas que se han realizado en la municipalidad, por lo tanto, en esta tarea es importante estar abierto a licitar Auditorías Integrales Externas, después de haber asumido cargo, esto puede ser llamada “la prueba de la blancura”, con esto, se puede evitar el ruido que se genera en cualquier traspaso de mando.  El hecho de que esta auditoría sea integral, implica que no solamente se revisen los estados financieros, como una auditoría tradicional, sino que en el ámbito público hay mucho más que revisar, como son las licitaciones, procedimientos administrativos, concursos públicos y en realidad todos los actos administrativos que dan origen a movimiento dentro de la entidad edilicia.

Desde el punto de vista de la accesibilidad de la información, también es factible generar un vínculo más directo con las Contralorías Regionales, facilitando el trabajo de fiscalización, lo cual implica, por ejemplo, establecer un lugar físico para que se puedan instalar funcionarios de esa entidad contralora, lo cual, no implica dependencia ni desconcentración, sino que simplemente crear las condiciones de manera permanente para que se desarrollen acciones de fiscalización.

Otra de las ideas que están sonando fuerte en todo Latinoamérica son las Veedurías Ciudadanas, o Auditorías Ciudadanas, que consisten en incentivar que los ciudadanos puedan organizarse creando estructuras compuestas por representantes de gremios de todo tipo, organizaciones sociales, trabajadores y/o empresarios, los cuales puedan ejercer control y seguimiento de los procedimientos y decisiones de las entidades edilicias, con esto, se incentiva educación cívica y se generan ambientes de control que pueden resultar una forma de empoderar de mejor forma a las organizaciones ciudadanas, empresas y de paso se fortalece la institucionalidad pública para mostrar su trabajo frente a la ciudadanía.

Por su parte, uno de los principales problemas de transparencia que presentan las municipalidades, está dado por no entender el concepto de Cuenta Pública o Accountability, en este caso, se trata de la generación de una instancia donde se muestre el trabajo realizado, entregando un informe de la gestión realizada en un periodo determinado.  La verdad es que las cuentas públicas “se han transformado en un mero acto de propaganda a la autoridad” que ejerce y sus círculos de trabajo, pero no aportan datos concretos y hechos más transparentes de su gestión, mostrando por ejemplo datos comparativos de la evolución de la gestión por áreas, en tanto, lo que vemos en muchos casos es la muestra de lo que las personas les atrae en forma y no en fondo. 

Para subsanar estas prácticas antitransparencia, es necesario que exista una auditoría de la memoria o cuenta pública previa a ser mostrada a la comunidad, con esto se aseguran de entregar información objetiva que no disfrace el discurso y, por lo tanto, se entregue información fidedigna y validada que puede ser demostrada con seriedad y responsabilidad.

La rendición de cuentas en las organizaciones que reciben fondos públicos, muchas veces resulta engorrosa porque no existe una adecuada educación sobre cómo enfrentar las rendiciones.   Una municipalidad que realmente le interese que su comuna avance debe ser capaz de educar financieramente a las organizaciones sociales, dando énfasis en los elementos que constituyen mayor frecuencia en el uso de fondos públicos, para ello, existe la Resolución 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República, la cual establece la forma de rendir cuentas para fondos públicos, la cual es un instrumento jurídico-administrativo recurrente que deben conocer los representantes de organizaciones, por lo tanto, una forma de impulsar la transparencia en la ciudadanía es generando instancias de capacitación de forma permanente en estas temáticas.

Por último, y no menos importante existe la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, que cconsiderada como uno de los ejes de la Agenda de Probidad y Transparencia y parte integrante también de la Agenda de Modernización del Estado, cuyo objetivo es abrir la información de los organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública.  

En definitiva, el hecho de que exista una Ley que se preocupa por la transparencia no garantiza que se cumpla, esto se demuestra en los distintos casos de falta de control y corrupción mostrado en los eternos informes de Contraloría que muy pocas veces llegan a sanciones concretas, por eso resulta preponderante que en el caso de las municipalidades se debe trabajar por inhibir y disuadir las malas prácticas, para mejorar la eficiencia en la gestión, simplificando procedimientos administrativos que puedan mostrarle a la ciudadanía que el trabajo público debe tener la condición de exposición permanente para transmitir confianza en la ejecución de políticas públicas.