En Chile los mecanismos de Protección Social y de Seguridad Social tienen como fin reducir el riesgo y la vulnerabilidad económica. Los dispositivos de Seguridad Social establecen ciertas técnicas de protección de contingencias, que tienen el rasgo característico de que han sido encargadas de manera significativa a la empresa privada. Sin embargo, el Estado a través del Instituto de Previsión Social (en adelante IPS) se encarga del pago de los beneficios del Sistema Previsional de Reparto o “antiguo” y del Sistema Solidario.

A lo anterior se suma la realización del pago de otros beneficios de los programas de Protección Social dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto hace que el IPS sea clave en la transferencia de recursos desde el Estado hacia las personas y las zonas que más lo necesitan.

El pago de beneficios sociales se realiza muchas veces en sectores rurales como traspaso de dinero en efectivo en un día y una hora determinada. Esta modalidad de pago de beneficios sociales es denominada pago móvil o rural. La coyuntura del “pago móvil” es aprovechada de manera desorganizada por diferentes grupos sociales como los comerciantes y los feriantes. Sin embargo, esta actividad que concentra a miles de personas en algunas localidades, y que significa en traspaso de enormes recursos monetarios, no ha cuajado necesariamente en organización social o en entidades de economía solidaria. Por otro lado, el Estado no ha aprovechado la oportunidad que esta transferencia significa, para otros fines, como el de crear mecanismos de desarrollo durables a través del fortalecimiento de las asociaciones de productores, incentivo de la creación de cooperativas de productores vendedores y consumidores, etc., de modo de activar procesos locales y fortalecer el tejido de protección social. La lógica neoliberal que ha imperado en los últimos 40 años es la del asistencialismo que inyecta recursos en los sectores más pobres pensando en el consumo, pero dejando de lado otras posibilidades como el desarrollo económico local. En este sentido, la coyuntura del pago de beneficios sociales en sectores rurales es la ocasión ideal para el incentivo de la creación de un Circuito Económico Solidario por parte del Estado central o local (Municipalidades), de las ONGs, las Universidades u otras agrupaciones de la sociedad civil. El encuentro entre los productores locales con los consumidores locales y la permanencia en los territorios de los recursos trasferidos por el Estado como beneficios sociales pueden generar un desarrollo sostenible. Si bien existe la oportunidad de que estas transferencias monetarias puedan activar un Circuito Económico Solidario, por otro lado, existe una alta probabilidad de que estos recursos se sigan concentrando y se elimine la posibilidad de crear un circuito de producción y de consumo alternativo, que tenga como base a los productores y los consumidores locales.

Los investigadores que presentan esta “proposición de comunicación” viven y desarrollan sus actividades económicas y académica en la región de La Araucanía en el sur de Chile. Esta zona también es la tierra ancestral del Pueblo Mapuche denominada Wallmapu.

La presencia del Pueblo Mapuche agrega un elemento especial a la realización de los pagos en las zonas rurales de La Araucanía. Su cultura valora fuertemente los encuentros, reuniones, comercio e intercambio.

En esta comunicación se analiza el caso de la región de La Araucanía en la cual existen 71 puntos de pagos móviles o rurales y se cancelan mensualmente más de 11 mil beneficios. El objetivo de este trabajo es plantear una mirada distinta y proponer que se transforme el pago de beneficios sociales realizados por el Estado en sectores rurales en un activador de las economías locales, creando también de esta manera Circuitos de Economía Solidaria a través del incentivo del trabajo de productores locales. Se propone que el Estado incentive la creación de ferias y de espacios públicos destinados al intercambio entre productores locales con consumidores locales. Partiendo de la base de lo importante que son estos recursos para la economía de los territorios, se hace una invitación a que el Estado incentive la creación de estos “Circuitos” en base a los principios de la Economía Social y Solidaria, superando el mero asistencialismo que existe hoy en día. Se analiza el caso de la feria de la ciudad de Lumaco en donde la organización de los comerciantes locales logró mantener la modalidad de pago habitual e institucionar la realización de la feria local como un espacio de encuentro mensual.

Sergio Ehijos Mardones

Abogado, administrador público, miembro de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS Chile).